En la actualidad Colombia tiene el privilegio de contar con fuentes renovables y fósiles que suplen la demanda energética que requiere la nación, pero también es cierto que las reservas de hidrocarburos que se tienen en Colombia, según la ANH, son de sólo 9 años de gas y 6 años de petróleo, lo que implicaría tener nuevos hallazgos a corto plazo o importar el recurso para continuar manteniendo el mercado energético estable con el problemático costo en la economía nacional.
Las fuentes renovables en su mayoría la aportan la hidráulica, pero fenómenos climáticos como el niño y el caso de Hidroituango nos pone en un estado de tensión para que la matriz energética pueda tener una confiabilidad y no se presente un racionamiento o el precio de la electricidad tenga un alza considerable.
Entendiendo esa sensibilidad el gobierno colombiano en los últimos años ha tenido una acertada política de incentivar los proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), creando un marco legal que pone las condiciones para que pueda ser usada como energía de respaldo o como energía principal del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y también las exenciones de impuestos que vuelven aún más atractivo para los inversionistas entrar en este nicho.
De otro lado, también es cierto que existe un gran número de familias que se encuentran en Zonas No Interconectadas (ZNI) por lo cual carecen del servicio eléctrico las 24 horas al día y las pocas horas que se habilita el servicio deben usar diésel para cargar las plantas y generar energía con un costo elevado.
En estos casos es conveniente revisar la dicotomía de atacar la industria del petróleo porque supuestamente es dueña de todos los problemas ambientales, así no sean ciertos, o poder hacer uso de los beneficios económicos que esta trae y poder apalancar proyectos de energía fotovoltaica o eólica con el uso de las regalías o los programas de beneficios a las comunidades, entre otros.
No se desconoce que las actividades extractivas pueden generar impactos, pero también que estas deben cumplir un riguroso proceso para obtener los permisos de operación donde se identifican los riesgos y presentan el manejo ambiental que ayude a prevenir, mitigar o compensar si se llega a presentar algún evento.
Como se dijo anteriormente podemos quedarnos en la discusión estéril de agua o petróleo y detener de tajo esta actividad o con un diálogo constructivo podamos concertar las veedurías locales que le hagan seguimiento al cumplimiento de las normas ambientales y a su vez la puesta en marcha de proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de las comunidades.
